El legislador reclamó “un rol más activo de la Secretaría de Control de Seguridad” y señaló la necesidad de “una reforma policial integral que fortalezca la conducción política y el control social de la fuerza, y que recorte potestades que son una puerta abierta a los abusos o que terminan sirviendo para la gestión del delito, como la detención por averiguación de antecedentes o la toma de declaraciones a detenidos en comisarías”.
"Más de una vez, los apremios y torturas han sido el recurso de algún sector de las fuerzas de seguridad involucrado en ilícitos, para direccionar sumarios y encubrir su propio accionar delictivo.”
Con respecto a los hechos denunciados por menores, Toniolli señaló que “se suele naturalizar este tipo de situaciones, porque hay un discurso bastante instalado socialmente que pretende mostrar una supuesta contradicción entre la efectividad en el combate al delito, por un lado, y el respeto a los derechos individuales y las garantías básicas, por el otro”.
“Esto no sólo que no es así –añadió–, si no que además suele ser al revés: más de una vez, los apremios y torturas han sido el recurso de algún sector de las fuerzas de seguridad involucrado en ilícitos, para direccionar sumarios y encubrir su propio accionar delictivo”.
En este sentido, el diputado del Movimiento Evita graficó sus aseveraciones con un ejemplo: “los casos de torturas en una comisaría de Florencia, en el norte de la provincia, que denunciamos el año pasado, resultan paradigmáticos: el personal policial de esa dependencia detenía a grupos de personas, las torturaba, y de esta manera lograba que firmaran declaraciones auto incriminándose de robos que, presumiblemente, habían sido cometidos por los mismos agentes o por alguna banda que trabajaba para ellos”.
En ese marco agregó que el problema es “cuando la justicia y el poder político naturalizan estos hechos”, ya que – planteó Toniolli – “en aquella ocasión el juez de Reconquista lo primero que hizo fue procesar a las víctimas en base a esa declaración bajo tortura, y al tiempo, cuando ya había sido clarificada la situación, el senador Marcón salió a atacarnos públicamente por denunciar el hecho, y defendió la actuación de los policías involucrados”.
Por último, el también presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja sostuvo que aquel caso “fue una clara señal, que hoy se repite, de que no alcanza con ir detrás de los acontecimientos, con castigar a los responsables, además hay que ir por las reformas estructurales”.
En ese contexto, agregó que “en la provincia de Buenos Aires, en función de la historia negra de la bonaerense, se le prohíbe tomar declaración indagatoria a los detenidos en sede policial, la justicia no delega esta potestad que le es propia”..
Y remató: “en Santa Fe venimos exigiendo lo mismo desde el año pasado, como también la derogación de la detención por averiguación de antecedentes y su reemplazo por tecnología de reconocimiento de huellas dactilares en cada patrullero, lo que permitiría encontrar prófugos al instante sin violar la libertad ambulatoria de la población, y también sería una garantía para el mismo trabajador policial, muchas veces empujado por la superioridad a detener sin ton ni son para «hacer estadísticas»”.
RELEVAMIENTO Y EDICIÓN: Pedro Arrospidegaray
FUENTE: Redacción Rosario
