Cuando las ‘armas no letales’ se vuelven letales

Caía la madrugada en Bogotá, la capital de Colombia, cuando dos Policías comenzaron a descargar sus pistolas Taser sobre el cuerpo de Javier Ordóñez, un abogado de 43 años que trabajaba como taxista. Ordóñez suplicó en varias oportunidades que por favor terminasen con la tortura, oportunamente capturada por las cámaras de los celulares de algunos testigos.

La Policía siguió aplicándole descargas, y luego se lo llevaron a un Comando de Acción Inmediata (CAI) perteneciente a la fuerza pública. A las pocas horas, el cuerpo sin vida de Ordóñez llegaba al hospital.

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El cobarde asesinato de Javier Ordóñez desató una serie de protestas contra el abuso policial que tuvieron su epicentro en Bogotá y luego se extendieron hacia municipios cercanos como Soacha o Madrid, pero también se replicaron en otras grandes ciudades, como Cali y Medellín. El saldo de estas manifestaciones fueron de 10 personas fallecidas, en su gran mayoría jóvenes que habían salido a protestar. (ver)

Fiel a la tradición del gobierno de Iván Duque, el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ofreció recompensas para los que proporcionen datos sobre las personas que cometieron ‘actos de vandalismo’ contra los edificios de la policía. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ensayó una posición equilibrada entre la condena al abuso policial y el rechazo a las manifestaciones violentas, pero haciendo eje claramente en la necesidad de modificar el accionar policial y reformar la institución. (ver)

El caso Ordóñez no es un caso aislado. La policía colombiana ha sido la culpable de varios asesinatos sin condena en los últimos años. Y esto sucede gracias a que Colombia es un país donde las fuerzas de seguridad gozan de una impunidad muy fuerte a la hora de actuar.

El conflicto interno que enfrenta al Estado con organizaciones armadas desde hace décadas le asegura un lugar de privilegio a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Sobre todo si tenemos en cuenta que el actual Presidente, Iván Duque, pertenece al uribismo, que ha acumulado poder gracias al abordaje belicista de los conflictos sociales y a ser enemigo de los acuerdos de paz que se firmaron en el año 2016. El problema adquiere mayor gravedad cuando se advierte que la Policía y el Ejército dependen de la misma estructura política: el Ministerio de Defensa. Eso implica que los policías que se ven envueltos en hechos de violencia institucional son juzgados por un tribunal militar, y todo queda en el fuero castrense. (ver)

Tal fue la magnitud del rechazo a la accionar policial durante las protestas que el Ministro Trujillo tuvo que salir a pedir disculpas, después de un primer momento en el cual defendió irrestrictamente el accionar policial abonando a la contención de actos de vandalismo. VER

No obstante, el problema de la violencia en Colombia parece no tener fin. No solamente el conflicto interno con parte de las FARC y el ELN continua; sino que líderes sociales pierden la vida prácticamente a diario a manos de organizaciones paramilitares, acusadas de tener vínculos con sectores de las Fuerzas Armadas. Para completar el círculo, la Policía, que centraliza su acción en las ciudades, asesina personas arbitrariamente, agregando el ingrediente urbano que completa el terrible combo de violencia que azota a Colombia desde hace años.

Un segundo punto es el de las movilizaciones. Hacia fines de 2019 y luego de los estallidos sociales de Chile y Ecuador, Colombia venía desarrollando una fuerte actividad callejera en contra de las desigualdades sociales y de la violencia estatal. El coronavirus puso pausa a ese proceso y le dio aire a Duque. La muerte de Ordóñez lo puso en marcha otra vez.

El Estado debe encontrar la manera de lidiar con estos problemas de una forma diferente a la mera represión para no poner en riesgo su supervivencia. Y lo pongo en estos términos, a riesgo de equivocarme, no solo porque su legitimidad está cuestionada por amplios sectores de la sociedad. Sino también porque hay actores en Colombia que le disputan el poder fuertemente al Estado en varias porciones de su territorio, lo que puede dar lugar al retorno de los peores años del conflicto bélico interno.

El resto, se maneja como siempre. Aunque los focos estén en Venezuela, los derechos humanos se vulneran a diario en Colombia. La democracia es solamente una cuestión de forma, y el ejercicio de los derechos fundamentales, también. Si hay una frase que lo puede resumir, es esta.

La silla maldita

Martín Vizcarra puede engrosar la lista de Presidentes destituidos en el Perú dentro de una semana, cuando el Congreso vote la moción de vacancia. Si se llega a los 87 votos, Vizcarra dejará de ser el Presidente y otra persona tendrá que completar el mandato que inició Pedro Pablo Kuzcynski allá por 2016.

La historia política de Perú en los últimos meses es la historia de la lucha entre los poderes del Estado. Vizcarra, que asumió luego de la destitución de Kuzcynski en 2018, disolvió el Parlamento el año pasado y llamó a elecciones debido a que el fujimorismo, que dominaba el Legislativo en ese momento, bloqueaba todas las iniciativas del Poder Ejecutivo.

El resultado de esas elecciones legislativas fue un Congreso totalmente fragmentado donde ninguna formación partidaria logró superar el 11% de los votos y donde los partidos tradicionales, como el APRA o Fuerza Popular, de la familia Fujimori, fueron los grandes derrotados.

Todo indicaba que Vizcarra, una figura sin partido que dice cumplir un rol de transición hasta el final del mandato en 2021, podía gestionar este país con gran descontento contra la clase política y ávido de reformas que permitan erradicar practicas flojas de moral que le dieron a Perú un triste récord: de los últimos 5 presidentes, 4 (Humala, Toledo, Kuzcynski y Fujimori) fueron detenidos, y uno (Alan García) se suicidó cuando lo sentenciaron a ir a la cárcel.

Sin embargo, aparecieron unos audios que complican a Vizcarra. En ellos, el Presidente supuestamente insta a dos funcionarias que acomoden la versión sobre la visita del productor musical Ricardo
Cisneros. Este personaje, conocido en el mundo del chimenterío peruano como "Richard Swing", habría sido beneficiado con contratos del Ministerio de Cultura por un valor cercano a los 50.000 dólares. Fue Edgar Alarcón, un legislador del partido Unión por el Perú, quien presentó las grabaciones ante el Parlamento, lo que dio el puntapié inicial para el proceso destituyente contra Vizcarra. (ver)

Ahora, Vizcarra tiene que defender su caso ante el Congreso y el Legislativo deberá votar si lo destituye o no. Hay 65 legisladores que votaran por la destitución. El número al que se tiene que llegar es 87.

Esta historia configura un capítulo más de la atomización de la política de Perú. Sin liderazgos renovados, con la clase política totalmente desacreditada y la discusión pública pasando por cuestiones judiciales, el país andino vuelve a ubicar en el centro de la escena el debate sobre la corrupción, que rompe con la posibilidad de ocuparse de lo verdaderamente importante.

Está claro que hay una dificultad estructural en la política de Perú y está vinculada a estas prácticas que han sido profundamente generalizadas y no han dejado de llevarse a cabo. Sería bueno saber si justamente estas prácticas son las que posibilitan el ejercicio efectivo de la función pública.

De todas maneras, mientras el país debería estar pensando como gestionar las consecuencias de ser el quinto país del mundo con más casos de COVID-19, está debatiendo otra vez la destitución de un mandatario. Hecho que vuelve a poner a Perú en el lugar de país ingobernable y de mandatos inconclusos.

Ping Pong

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Bonus track

Este fin de semana Mauricio Claver – Carone se convirtió en el nuevo Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), rompiendo con una tradición de 60 años que dictaba que la conducción del BID la debía ejercer un latinoamericano. La estrategia que tenían Argentina, Chile y Costa Rica, era intentar no dar el quorum para posponer la elección y así lograr que la disputa por el BID no quede supeditada al proceso electoral estadounidense de noviembre. Algo que ha jugado su rol en esta apuesta de Trump.

México, que también era partidario de posponer la elección, cambió su postura y avisó que daría quorum a la votación, lo que aseguraba el triunfo del representante norteamericano debido a que ya tenía los votos de varios países importantes, como Brasil y Colombia.

Este fue el principal cambio con respecto a este tema, del cual habíamos hablado en el bonus de la semana pasada. El cambio de postura de México hizo que Argentina retire la candidatura de Gustavo Béliz, a sabiendas de que era un partido perdido.

Leí a mucha gente que culpaba a México por haberse dado vuelta posibilitando así que la votación se lleve a cabo. Esto es cierto, pero parcialmente. Si un halcón republicano que tiene más interés en sacar al castrismo de Cuba y al chavismo de Venezuela que en motorizar proyectos de desarrollo para América es el que conduce el BID, es gracias a la desunión latinoamericana y a los gobiernos alineados que votaron por él, y no culpa de México que es, por escándalo, el país más dependiente de Estados Unidos en todo el mundo.

Algunas definiciones más, en esta nota de La Vanguardia y en esta entrevista a Juan Gabriel Tokatlian.

Con eso, nos vamos. Estoy pensando en bautizar esta columna con algún nombre. Las sugerencias son bienvenidas.

Hasta la semana que viene.

(*) Analista Internacional de Fundamentar.com