No resulta sencillo, en una semana donde un conflicto bélico internacional de proporciones ha sacudido nuestra cotidianidad, poner el eje de análisis sobre cuestiones de política local que casi han pasado desapercibidas en la agenda pública. Nos referimos al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe que declaró la constitucionalidad del artículo 51 de la Constitución Provincial consagrando, en los hechos, la imposibilidad de que el senador Armando Traferri rinda cuentas ante la Justicia por estar sospechado de favorecer el juego clandestino. La situación refleja más de lo que el fallo pueda decir desde lo coyuntural. Repasemos.
A los fines de lo que interesa en el artículo, recordemos brevemente el caso. En una investigación sobre juego clandestino en el sur de la provincia de Santa Fe, una persona acusada, condenada y “arrepentido” vinculó al senador sanlorencino como ariete de la política que le serviría de apoyo para la legalización de la actividad. Notificó a los fiscales intervinientes de una serie de pagos que incluían dirigentes políticos y, vaya sorpresa, a otros hombres de la Justicia, que terminaron tras las rejas. A partir de allí se inició una disputa entre poderes que tenía como principal razón de ser, el pedido de desafuero del senador a los fines de tomarle las declaraciones de rigor y de imputarlo si así los fiscales lo creían pertinente.
Con el consiguiente juego político partidario atrás, el propio Senado de la provincia se expresó en el sentido de bloquear cualquier condicionamiento al accionar de sus integrantes, no desaforó al sospechado e insistió en el mencionado artículo constitucional para mantener la situación inalterable. Ante las sucesivas marchas y contramarchas de las demandas, el tribunal presidido por el Dr. Rafael Gutiérrez, el día martes falló a favor de la constitucionalidad, abriendo un nuevo capítulo que, de acuerdo a lo informado por el fiscal general Jorge Baclini, terminará, a partir de un recurso extraordinario, en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Interesa aquí, plantear en qué sentido el derecho en general y la “Justicia” santafesina en particular, terminan discutiendo abstracciones que en muchos casos llevan a confirmar o agravar ciertos privilegios que rompen con el sentido de las normas y que reflejan situaciones estructurales de una debilidad institucional no menor.
En primera instancia digamos que el hecho de contar con fueros alcanza al cargo y no a la persona. No refiere a Juan o a Pedro per sé, sino que Juan o Pedro por desempeñar una función de legislador, no deben rendir cuentas de su accionar a partir de lo que esa función le demanda. Si un diputado o senador hace denuncias, se expone y enfrenta a ciertos poderes consagrados, institucionalizados y de los otros, es legítimo suponer que no deba responder por ello. Goza del beneficio porque se parte de una situación de exposición.
El sentido del fuero reside en una valorización de una actividad que deviene en un beneficio para la sociedad. Nunca podría pensarse que puede ser utilizado para que alguien cuente con el privilegio de no tener que rendir cuentas ante la Justicia. No es un cheque en blanco para hacer cualquier cosa, legal o ilegal, por el sólo hecho que el electorado favoreció a alguien con el voto.
En segundo lugar, pongamos en valor lo que termina sucediendo en los hechos. A partir de una cuestión que a veces parece sobreabundada por tecnicismos, la sensación que queda en buena parte de la comunidad es la de la impunidad. En este tipo de casos, poco parece importarle al ciudadano medio, la discusión sobre la prevalencia de un poder sobre otro, o si el sistema de acusación santafesino está en condiciones de exigir una toma de declaración a un legislador de la provincia. A veces, desde ciertos pináculos del poder, se pierde la perspectiva de la forma en cómo se defienden ciertos tecnicismos; la foto final y la mirada social no son nada halagüeñas. No sólo para el aquí y ahora sino también en el futuro mediato. Como en las luchas de la antigüedad, el Senado se abroqueló en formato de muralla de escudos. Y la corte le terminó cuidando la retaguardia.
Hasta aquí lo que refiere a la coyuntura y a los nombres propios que, podrán agradarnos más o menos, pero que responden a una cuestión que podría decirse estructural y vienen garantizada por una parcialmente vetusta constitución, por el sistema de representación santafesino y todo ello combinado con la contradicción de contar con un instrumento de votación que privilegia el individualismo en cargos plurinominales.
La carta magna santafesina se inspira en la que supieron sancionar los constituyentes en las ciudades de Santa Fe y Paraná, allá por 1853. Uno de sus coincidencias centrales refiere a la bicameralidad, lo que por un lado supone la representación del pueblo a través de la Cámara de Diputados (cada provincia tiene una cantidad determinada de acuerdo a su cantidad de habitantes) y de las provincias en la Cámara de Senadores. Su razón de ser es sencilla: en un sistema republicano lo esencial es el equilibrio que debe mantenerse, sea entre poderes o hacia el interior de cada uno de ellos. Por ejemplo, si una ley fuera sancionada por la representación del pueblo construida sólo por la proporcionalidad, las provincias más numerosas tendrían tal representación, que les resultaría muy fácil que se haga sólo su voluntad. La existencia de la Cámara de Senadores con su representación igualitaria para cada provincia, contribuye a esa idea inicial de equilibrio.
En Santa Fe parece que es igual, pero en los hechos no funciona de la misma manera, lo que vendría a poner en contradicción ese viejo espíritu de los constituyentes. Cuando se conforman las listas de diputados que cada partido ofrece, el territorio es uno solo, no sucediendo lo que acontece a nivel nacional, donde la conformación final de la Cámara obedece a los resultados de 24 jurisdicciones provinciales. Aquí, si el sistema replicara en el mismo sentido, debería conformarse la Cámara Baja con el resultado de los 19 departamentos en el que está dividida la provincia. Las listas que cada partido arma, responden a las disputas de poder de cada uno de ellos antes que a cuestiones de proporcionalidad territorial.
El asunto no es menor, porque en el armado electoral, prevalecen intereses que, finalmente, poco tienen que ver con la representación de ciertos territorios. En algunos departamentos santafesinos, la única representación legislativa con la que se cuenta es con la del senador. Eso es demasiado poco para regiones ricas y geográficamente enormes. Y allí comienza a tallar la otra parte del problema: el excesivo poder con el que cuentan los senadores provinciales.
En el caso nacional, la situación se revisó con la reforma del año ’94. Recordemos de que en un sistema donde sólo existía un senador por provincia que no elegían los ciudadanos sino las asambleas legislativas provinciales (que muchas veces manejaba a su antojo el gobernador de turno), se evolucionó a un sistema de representación institucional con tres integrantes, que son elegidos dos por la mayoría y una por la minoría, con voto popular. Todo ello redundó en una multiplicidad de voces que hace más rica la representación senatorial argentina.
Esto último no ocurre en nuestra provincia. Los senadores, que también son elegidos por los ciudadanos, representan de manera uninominal a cada departamento, accediendo a la banca por mayoría simple (el que saca más votos, aunque sea uno, se queda con el cargo). Al interior de la provincia, y esto es algo que no se ve en las grandes ciudades, cuentan con una cuota de poder no menor, a veces, mayor que el de un intendente.
Entre otras cosas, la ya histórica utilización de subsidios que si bien legales, resultan arbitrarios en su reparto, sirven para reforzar la imagen de quien los dispone, habilitando una situación que propicia cierta “perpetuidad”. ¿No resulta llamativo que Santa Fe cuente con senadores que ostentan el cargo desde hace más 20 años, reproduciendo una situación que facilita y deja inalterable la jefatura en algunas regiones?
Se me dirá que, en definitiva, son elegidos por el voto popular, lo cual es definitivamente cierto. Pero no es menos real que a la vista quedan situaciones que referencian a legisladores como “capangas” de un lugar que todo lo negocian, antes que como hombres probos de que ayudan a construir cierto andamiaje legal. Basta escuchar y leer algunas declaraciones para configurar lo que aquí se afirma. Va de suyo que resulta mucho más fácil acordar cualquier tipo de decisión, de las justas y de las otras, entre 19 antes que entre algunas decenas más de dirigentes. Y mucho más si el sistema ha favorecido cierta perpetuidad.
Y como si todo esto fuera poco, la frutilla del postre la viene a poner el sistema de votación de la Boleta Única que, en el modelo santafesino, privilegia la visibilidad de las caras conocidas, obligando a que, de alguna manera, para seguir conservando cuotas de poder, las listas plurinominales como las de diputados, terminen siendo encabezadas por los gobernadores salientes. Los últimos casos de Antonio Bonfatti y Miguel Lifzchitz hablan por sí mismos.
Dos preguntas para la tarea de cada fin de semana, queridos lectoras y lectores: ¿recorrerá Omar Perotti el mismo camino de sus antecesores, tratando de transformase en un jefe legislativo provincial a partir de 2023?, y ¿reconocerán, alguna vez, los defensores de la Boleta Única los problemas institucionales que ha traído su aplicación en el caso de diputados, donde todo se retroalimenta con una sobre representación tal que, quien gana aunque más no sea con un voto, se queda con una mayoría que no tiene ninguna proporcionalidad ni con los resultados ni con la realidad de los territorios? Preguntas para el diván.
Como se verá en el recorrido de lo expuesto hasta aquí, no es sólo la decisión de cinco jueces, algunos de ellos de dudosa probidad, la que termina consolidando la institucionalización de ciertos privilegios. Las razones son más profundas y requieren un nivel de debate que ni la corporación política ni la sociedad en su conjunto parecen dispuestas a dar. Aunque a veces algunas decisiones parezcan indignantes. Aunque a veces, el estado de las cosas parezcan inmodificables.
(*) Analista político de Fundamentar - @miguelhergomez
